¿A dónde va lo que pagamos en el surtidor? Destino de los impuestos a los combustibles
Un nuevo informe de Fundación Apertura reconstruye el recorrido de los recursos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles y advierte sobre las diferencias entre lo que establece la ley, lo que efectivamente se ejecuta y quiénes reciben los beneficios. Rosario y el interior del país aparecen entre los principales perjudicados por un esquema de distribución centralizado.
Cada vez que un argentino carga nafta o gasoil, una parte significativa de lo que paga corresponde a impuestos. Pero ¿qué sucede con esos recursos? ¿Cuánto vuelve efectivamente en obras viales, transporte público y servicios ferroviarios? ¿Y cómo se distribuyen entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país?
Para responder estas preguntas, Fundación Apertura elaboró el informe "¿A dónde va lo que pagás en el surtidor?", un trabajo que reconstruye el circuito de los recursos del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, analiza su ejecución presupuestaria y examina las asimetrías territoriales que presenta el sistema.
El punto de partida es significativo: en noviembre de 2026, cada litro de nafta incorpora aproximadamente $411 en impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono, mientras que en el gasoil la carga alcanza los $328 por litro. Una parte de esa recaudación tiene asignación específica por ley para financiar rutas, colectivos y trenes.
Un tercio de la recaudación tiene destino en el transporte
El análisis muestra que, de cada $100 recaudados por el impuesto a los combustibles, aproximadamente $31,13 se destinan al sistema de transporte. De ese total, $28,58 ingresan al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y otros $2,55 se asignan a compensaciones.
Una vez dentro del fideicomiso, los recursos se distribuyen entre tres cuentas: SISVIAL, destinada a infraestructura vial; SISTAU, orientada a compensaciones al transporte automotor; y SIFER, vinculada al sistema ferroviario.
Sin embargo, el problema no está solamente en cómo se distribuyen los fondos, sino también en qué medida se ejecutan y cuál es su destino final.
Los recursos para rutas permanecen mayormente sin ejecutar
Uno de los principales hallazgos del informe está relacionado con la cuenta vial. Entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron aproximadamente $1,5 billones, pero solamente $394.406 millones se destinaron a obras viales.
Esto significa que se ejecutó apenas el 26,2% de los recursos ingresados para ese fin.
A su vez, al 31 de mayo de 2026, la cartera financiera de la cuenta vial superaba el billón de pesos, distribuida entre títulos públicos y plazos fijos. El informe también identifica que, durante el primer trimestre de 2026, los intereses obtenidos por las colocaciones financieras ($77.260 millones) superaron las transferencias de capital destinadas a Vialidad Nacional ($72.460 millones).
En otras palabras, el fondo obtuvo más ingresos financieros que recursos aplicados a obras viales durante ese período.
Transporte público: una distribución que perjudica al interior
La desigualdad también se observa en el financiamiento del transporte automotor.
Actualmente, la cuenta de colectivos concentra sus compensaciones en las líneas nacionales del AMBA. Mientras estas reciben aproximadamente $103.860 millones mensuales en compensaciones a la oferta, Rosario y el resto del interior no reciben transferencias de esa cuenta desde febrero de 2024.
En consecuencia, los usuarios del interior enfrentan tarifas significativamente más elevadas y una estructura de financiamiento desigual respecto de los pasajeros del área metropolitana.
El informe estima que la compensación anual al AMBA, cercana a $1,25 billones, supera incluso los recursos de toda la cuenta de colectivos del fideicomiso. La diferencia es cubierta con aportes del Tesoro Nacional.
Rosario aporta, pero recibe una porción mínima
El impacto de este esquema sobre Rosario es particularmente relevante.
Se estima que los rosarinos pagan alrededor de $7.900 millones mensuales en impuestos a los combustibles. Sin embargo, por cada peso que se abona en el surtidor, apenas 23 centavos regresan al transporte de la ciudad.
A esto se suma que los recursos destinados a infraestructura vial no muestran una correspondencia directa entre el aporte tributario de las jurisdicciones y las inversiones que reciben.
Santa Fe, que aportaría aproximadamente $181.000 millones a los ingresos impositivos del fondo durante 2026, es además una de las provincias que cuenta con convenios para administrar rutas nacionales. No obstante, todavía no existe un mecanismo operativo que garantice que los recursos acompañen proporcionalmente las responsabilidades asumidas por las provincias.
Seis propuestas para recuperar la transparencia y el federalismo
A partir del diagnóstico, Fundación Apertura plantea seis medidas para mejorar el funcionamiento del fideicomiso y garantizar que los recursos cumplan con los objetivos establecidos por ley:
Transparencia por cuenta: publicar mensualmente los ingresos, pagos por beneficiario y provincia, y la cartera de inversiones financieras.
Ejecución de la cuenta vial: aplicar los recursos acumulados a obras y mantenimiento de corredores estratégicos, especialmente los vinculados con la producción y los puertos.
Intereses con destino específico: garantizar que los rendimientos financieros se utilicen para obras y compensaciones, y no para mejorar el resultado fiscal.
Federalismo vial: establecer que las provincias que asuman la administración de rutas nacionales reciban la parte proporcional de los recursos correspondientes.
Compensaciones federales al transporte: distribuir los fondos de colectivos considerando la cantidad de pasajeros transportados y establecer criterios equivalentes para el interior.
Límites a los saldos inmovilizados: restringir la acumulación de recursos a las reservas de liquidez necesarias y a las obras ya contratadas.
Que los recursos lleguen a su destino
El impuesto a los combustibles tiene una finalidad específica: contribuir al financiamiento de la infraestructura vial y del sistema de transporte. Sin embargo, los datos analizados muestran una brecha importante entre la recaudación, la ejecución y la distribución territorial de los recursos.
La discusión no se limita a cuánto se recauda, sino a cómo se administra, en qué se utiliza y quiénes reciben sus beneficios.
Desde Fundación Apertura sostenemos que los recursos públicos deben ser transparentes, trazables y utilizados de acuerdo con los objetivos para los que fueron creados. Porque si los ciudadanos pagan para financiar rutas y transporte, esos recursos deben traducirse efectivamente en mejores servicios e infraestructura.
O se utiliza para lo que manda la ley, o se devuelve