Argentina Abierta

09.06.2017

Los días 8 y 9 de junio se desarrolló en la ciudad de Córdoba el 2do Foro Nacional de Gobierno Abierto y Tecnología Cívica.

Los temas abordados fueron, entre otros, transparencia y rendición de cuentas,acceso a la información, lucha anticorrupción, datos abiertos para la toma de decisiones, participación ciudadana, y otros en relación a la apertura de la información por parte de los gobiernos, las tecnologías al servicio de la presentación de datos de calidad, y la implementación de tales procesos de innovación.

El concepto aglutinador del foro fue el de DATOS ABIERTOS. Este concepto se aplica a aquellos datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, es decir, deben estar disponibles en una forma conveniente y modificable, y deben estar provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos e incluso integrarlos con otro conjunto de datos.

¿Para qué? ¿para qué quiere un ciudadano, no digamos ya una organización o un especialista, acceder a datos abiertos, confiables, precisos, respecto del funcionamiento de la Administración Pública y de los actos de gobierno? Para percibir, para estar consciente de de qué manera esos actos afectan su vida cotidiana, para bien o para mal, y poder hacer algo al respecto.

Se desprende de las distintas exposiciones que existen distintas tecnologías para mejorar la calidad de los datos, para que puedan transformarse en información. Se hace énfasis en el entrecruzamiento de datos para buscar inconsistencias, en la trazabilidad de esos datos, en la necesidad de aplicar controles automáticos, la necesidad de hacer participar a personas externas a la Administración Pública en la auditoría de esos datos, e incluso acceder a certificaciones internacionales como las normas ISO 37.001.

Y aparece una inquietud también: ¿la apertura de datos, es un fin en sí mismo? ¿alcanza con "tirar" a las redes toneladas de datos? ¿Accede la ciudadanía a esos datos? ¿Pregunta? ¿Qué quiere saber? El Estado tiene la obligación, más allá de la existencia de una ley de acceso a la información pública, de dar a conocer sus actos de gobierno y toda aquella información que se relacione con ellos. La presentación de esa información debe estar al servicio de las personas, fácilmente accesible y sobre todo entendible. Y el acceso de la ciudadanía a esa información, que busca, que requiere, que consume, no tiene un fin unidireccional. La devolución de la ciudadanía acerca de esa información hallada y consumida debe tener el propósito de volver a la Administración bajo la forma de propuesta, alerta, pedido de mas información o de aclaración de la misma, impulsando así mejoras hacia el interior de la misma Administración, para corregir errores, mejorar procesos, detectar necesidades, enriquecer proyectos, e incluso normativas o reformas.

En conclusión, el acceso a la información, la puesta a disposición de datos abiertos, no es solo una forma de control de la ciudadanía hacia quienes gobiernan, es un canal de comunicación entre ambos, es el vehículo de acercamiento de la ciudadanía a todo aquello que influye en su vida y la posibilidad de intervenirlo activamente, y un vehículo de innovación permanente para la Administración, que evita que se conforme y descanse en la comodidad de su enorme estructura.