Presupuesto 2027: menos subsidios, más tarifa y la batalla por las redes eléctricas
Ing. Fernando Alonso
El proyecto presupuestario profundiza el cambio de modelo energético. La política oficial apunta a reducir la dependencia de los subsidios y aumentar la participación de la demanda en el financiamiento del sistema. Al mismo tiempo, Argentina necesita fuertes inversiones en transporte eléctrico. Para Santa Fe, el desafío es que la transición permita contar con energía competitiva y redes suficientes para acompañar el crecimiento productivo.
El proyecto de Presupuesto 2027 tiene una lectura energética que va mucho más allá de las partidas destinadas al sector. Detrás de los números aparece un cambio en la forma en que el Estado pretende financiar el sistema eléctrico argentino: menor dependencia de los subsidios fiscales, mayor participación de la demanda en el pago de los costos y un creciente protagonismo del capital privado en las nuevas inversiones de infraestructura.
El programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica contempla para 2027 una asignación de $3,18 billones. La cifra es apenas inferior, en términos reales, al presupuesto originalmente aprobado para 2026, pero queda considerablemente por debajo del crédito vigente de este año, que recibió ampliaciones durante el ejercicio.
La señal es clara: el Gobierno no está proyectando para 2027 una expansión del gasto eléctrico similar a la que terminó ejecutando durante 2026. La política energética busca avanzar hacia un sistema en el que una mayor proporción de los costos sea cubierta por la demanda y en el que el Tesoro tenga una participación progresivamente menor en el financiamiento corriente.
Pero los costos del sistema no desaparecen porque disminuyan los subsidios. La electricidad hay que generarla, transportarla y distribuirla. Las redes necesitan mantenimiento y nuevas inversiones. Y el capital destinado a construir infraestructura también tiene un costo.
Por eso, la pregunta central del Presupuesto 2027 no es solamente cuánto dinero aporta el Estado al sistema eléctrico. Es quién va a pagar los costos que antes eran absorbidos, total o parcialmente, por el Tesoro.
Durante años, una parte importante de la diferencia entre el costo real de abastecimiento y lo que pagaban determinados usuarios fue cubierta mediante subsidios. El nuevo esquema apunta a concentrar la asistencia en los sectores que efectivamente necesitan apoyo y avanzar hacia una mayor cobertura de costos por parte de la demanda.
La consecuencia es directa: si el Tesoro cubre una proporción menor, la tarifa debe cubrir una proporción mayor.
En este proceso, CAMMESA ocupa un lugar central. La administradora del mercado mayorista eléctrico constituye uno de los principales engranajes entre la generación y la demanda y tiene un papel determinante en la organización económica del sistema.
La política regulatoria impulsada durante 2026 busca reducir progresivamente la brecha entre el precio que paga la demanda y el costo de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista. El objetivo declarado es mejorar la sustentabilidad financiera del sistema y reducir la necesidad de aportes extraordinarios del Tesoro.
Pero mientras se intenta ordenar las cuentas del sistema, existe otro problema que no puede postergarse: la infraestructura.
Argentina necesita nuevas líneas de transporte, estaciones transformadoras y ampliaciones de capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda, incorporar nueva generación y evitar restricciones en el sistema.
El Gobierno lanzó un programa de ampliación del transporte que contempla 16 proyectos prioritarios y más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas, además de estaciones transformadoras y otras obras complementarias.
La dimensión de estas inversiones plantea un interrogante inevitable: ¿quién las va a financiar?
La respuesta que comienza a tomar forma es diferente de la utilizada históricamente. El Gobierno busca incorporar al capital privado al financiamiento de las ampliaciones del sistema de transporte mediante mecanismos contractuales y concesiones de obra pública.
El cambio es relevante. El esquema tradicional podía resumirse en una fórmula: el Estado construye y paga con recursos presupuestarios. El nuevo modelo busca que el sector privado pueda financiar y construir la infraestructura y recuperar posteriormente la inversión mediante mecanismos específicos asociados al uso de esas instalaciones.
Esto puede aliviar la presión inmediata sobre las cuentas públicas, pero no elimina el costo económico de las obras. Simplemente cambia quién adelanta el capital y cómo se recupera.
En términos económicos, una inversión en transporte debe contemplar el capital necesario para construirla, los costos de operación y mantenimiento, el costo financiero y la remuneración correspondiente al riesgo asumido.
En algún momento, ese costo deberá ser pagado por alguien.
Y ahí la tarifa vuelve a ocupar el centro de la discusión.
El nuevo modelo puede reducir el peso de las inversiones sobre el Presupuesto nacional, pero puede aumentar la importancia de los cargos que deberán afrontar los usuarios del sistema durante los próximos años.
La discusión adquiere una dimensión especial para las cooperativas eléctricas y las distribuidoras.
Una cooperativa no solamente compra energía. También debe afrontar los costos de transporte, operar y mantener sus redes, invertir en infraestructura, atender las pérdidas y sostener el servicio en áreas donde muchas veces la densidad de demanda es inferior a la de los grandes centros urbanos.
Por eso, a medida que el costo económico de la electricidad tenga una mayor incidencia sobre las facturas, también será más importante que las tarifas reconozcan adecuadamente el costo de distribución.
En este punto vuelve a cobrar relevancia el Valor Agregado de Distribución, el denominado VAD. No se trata simplemente de un margen para la distribuidora. Es el componente destinado a remunerar la infraestructura y la operación de la red: personal, mantenimiento, pérdidas, administración, inversiones y costo del capital.
Para las cooperativas, que deben financiar redes extensas con una escala de demanda relativamente limitada, esta cuestión puede resultar decisiva.
El caso de Santa Fe merece una consideración particular.
La provincia tiene una fuerte estructura industrial y agroindustrial y necesita energía competitiva para sostener su actividad productiva. Pero también necesita capacidad de red para acompañar nuevas inversiones y ampliaciones de consumo.
Por eso, para Santa Fe, el problema eléctrico no puede medirse exclusivamente por el precio del kilowatt hora.
Hay que considerar simultáneamente en el precio, la potencia disponible, la calidad del servicio y la capacidad de expansión.
Una energía barata, pero con restricciones de suministro puede terminar siendo cara para una empresa. Del mismo modo, una energía confiable pero excesivamente costosa puede afectar la competitividad.
La discusión sobre las redes tiene, por lo tanto, una dimensión productiva.
Una red eléctrica no vale solamente por sus cables, torres, transformadores y estaciones. Su valor económico reside en permitir que consumidores y empresas puedan acceder a energía producida en distintos puntos del sistema, aprovechando las fuentes más eficientes y reduciendo el costo de abastecimiento.
Una red con capacidad suficiente permite incorporar nueva generación, aprovechar recursos renovables, reducir restricciones y conectar nuevos proyectos industriales.
En ese sentido, las inversiones en transporte eléctrico no deberían analizarse solamente como gasto en infraestructura. Son también una inversión en productividad.
El problema aparece cuando se intenta financiar simultáneamente la transición tarifaria y la expansión de las redes exclusivamente mediante la factura eléctrica.
Si el Estado reduce los subsidios y el capital privado financia las nuevas obras, el sistema obtiene una fuente adicional de inversión. Pero esa inversión debe ser recuperada. Si el costo de las nuevas obras se traslada rápidamente a las tarifas, puede generarse una presión adicional sobre hogares, comercios e industrias.
El desafío regulatorio será entonces determinar qué obra se construye, cuánto cuesta, quién se beneficia, quién la financia y durante cuánto tiempo se recupera la inversión.
Para Santa Fe, esta discusión tiene una importancia estratégica. La provincia necesita energía suficiente y competitiva para producir, redes capaces de acompañar el crecimiento y reglas tarifarias previsibles para que las empresas puedan calcular sus costos y tomar decisiones de inversión.
Por eso el debate sobre el Presupuesto 2027 no debería quedar limitado a cuánto dinero destina el Estado al sector eléctrico.
La discusión de fondo es otra: si Argentina puede construir un sistema que dependa menos del subsidio fiscal, atraiga capital para invertir en infraestructura y, al mismo tiempo, mantenga una energía competitiva para la producción.
Durante muchos años la pregunta central fue cuánto subsidia el Estado.
El nuevo modelo obliga a formular una pregunta diferente: cuál es el costo económico del sistema eléctrico y quién debe pagarlo.
El Presupuesto 2027 parece avanzar en una dirección definida: menos dependencia del Tesoro, mayor participación de la demanda y más espacio para el financiamiento privado de las nuevas inversiones.
El desafío será que ese cambio no se traduzca simplemente en una electricidad más cara.
Para Santa Fe, y para buena parte del interior productivo, el objetivo debería ser más exigente: que la transición permita contar con una electricidad económicamente sostenible, previsible y respaldada por una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento.
Porque reducir subsidios sin invertir puede aliviar las cuentas públicas, pero dejar un sistema vulnerable.
Y construir redes sin cuidar el costo que finalmente paga la demanda puede afectar la competitividad.
El verdadero desafío energético de 2027 será conseguir las dos cosas al mismo tiempo: menos subsidios y más inversión