Un nuevo rumbo para la energía argentina: desafíos y oportunidades de la reforma del mercado eléctrico
Por Ing. Fernando Alonso Departamento de Análisis de Fundación Apertura
El 20 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía de la Nación emitió la Resolución SE N.º 400/2025, que establece los Lineamientos para la Normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y su Adaptación Progresiva.
Esta norma representa un hito relevante en el proceso de modernización del sector eléctrico argentino, resultado de un extenso trabajo técnico y regulatorio iniciado durante la gestión del entonces Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo (diciembre de 2023 – octubre de 2024), y continuado a través de la Resolución SE N.º 21/2025 y la Nota NO-2025-09628437-APN-SE#MEC de febrero de 2025.El proceso alcanzó jerarquía normativa con la promulgación del Decreto 450/2025, mediante el cual se aprobaron las adecuaciones a las Leyes N.º 15.336 y N.º 24.065, en virtud de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 162 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N.º 27.742. El decreto otorga un plazo de 24 meses para la implementación plena de las reformas.
OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS PRINCIPALES
La Resolución SE N.º 400/2025 define un marco regulatorio orientado a una transición hacia un mercado más transparente, competitivo y sostenible. Entre los ejes más relevantes se destacan:
- Normalización del MEM: aprobación de reglas claras para la operación y la adaptación progresiva del mercado.
- Descentralización de la gestión de combustibles: buscando mayor eficiencia y libertad de contratación.
- Incentivos económicos: estímulo a la inversión privada y a la incorporación de nueva capacidad de generación bajo condiciones competitivas.
- Libre contratación: impulso al desarrollo de contratos bilaterales y fortalecimiento del mercado a término.
IMPLICANCIAS PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA
Distribuidores y cooperativas eléctricas deberán, a partir del 1 de noviembre de 2025, cubrir al menos el 75 % de su demanda estacionalizada mediante contratos bilaterales, reduciendo su dependencia del despacho centralizado.
CAMMESA, por su parte, adoptará un rol de coordinador activo, responsable de registrar contratos, publicar precios de referencia y liquidar diferencias de energía contratada y consumida.
Asimismo, se habilita la importación y exportación de energía bajo acuerdos bilaterales entre privados, previa autorización de la Secretaría de Energía.
IMPACTO EN LAS EMPRESAS Y GRANDES USUARIOS
La nueva normativa promueve la profesionalización en la gestión de la compra de energía, lo que exigirá a las empresas diseñar estrategias de contratación más sofisticadas.
Además, se refuerza el compromiso con las energías renovables, en consonancia con la Ley N.º 27.191, que fija como meta que el 20 % de la demanda industrial provenga de fuentes limpias antes del 31 de diciembre de 2025.
FUNDAMENTOS REGULATORIOS Y ECONÓMICOS
El nuevo marco normativo reafirma los principios establecidos en la Ley N.º 24.065 (texto ordenado por el Decreto 450/2025), cuyos objetivos incluyen:
- Proteger los derechos de los usuarios.
- Promover la competencia y la inversión privada en generación, transporte y distribución.
- Asegurar igualdad, libre acceso y uso eficiente de la infraestructura.
- Vincular calidad con precio a través de señales económicas adecuadas.
- Alcanzar la autosuficiencia económico-financiera del sistema eléctrico nacional.
El cumplimiento de estos objetivos requiere una macroeconomía ordenada y estable, capaz de garantizar equilibrio fiscal y estabilidad monetaria.
El deterioro histórico del sector, producto de prolongadas intervenciones estatales, congelamiento tarifario y subsidios generalizados, generó obsolescencia e ineficiencia estructural.
La reforma, en cambio, propone un esquema de mayor participación privada, diferenciando con claridad las áreas monopólicas —que deben ser reguladas con rigor institucional— de las áreas competitivas, donde la libre competencia se presenta como motor de eficiencia y reducción de costos.
DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN
Como puede, verse cumplir con estos objetivos requiere de una macroeconomía ordenada y estable, que cuide el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, pues recordando cómo llegamos a este estado de obsolescencia y desinversión del sector público de electricidad, donde si bien la propiedad de los activos está en manos privadas la gestión fue estatizada mediante la abusiva intervención del estado que congeló tarifas, repartió subsidios, construyó infraestructura, todo en un marco de improvisación e ineficiencia.
El modelo planteado establece la privatización absoluta del sector, reconociendo la necesidad de separar las áreas monopólicas de las competitivas para garantizar la eficiencia, Las que son monopólicas se tienen que regular con un apego absoluto a la ley, y con un respeto a las reglas en juego.
Para que la Argentina se desarrolle y crezca, una condición necesaria es disponer de energía al menor costo posible. El camino para lograrlo es mediante la competencia, es decir, con libre mercado y gestión privada, Para ello, los privados requieren de previsibilidad en las reglas del juego.
Los grandes usuarios tienen que gestionar su energía y así está establecido en la hoja de ruta, pero como el Estado no puede desentenderse de la prestación del servicio público de la energía eléctrica, por ser un servicio estratégico e imprescindible, la Secretaría de Energía, analizará oportunamente si es necesario intervenir mediante una acción más centralizada, que consista en realizar el cálculo, la planificación y las correspondientes licitaciones, dejando de lado la opción de comprar la energía directamente.
Eventualmente, si en algún momento resulta necesario garantizarle al proveedor el cobro de lo que va a vender, el estado lo podría garantizar. De allí se proyecta constituir a CAMMESA como un proveedor de última instancia, sólo de manera extraordinaria.
El segmento desregulado, que es él tiene que producir y vender a un segmento regulado, tiene los temores del pasado, respecto a que si no se actualizan las tarifas del segmento regulado el mismo no pueda hacer frente a los pagos que se requieran para la prestación de un servicio de calidad y su necesaria expansión.
La reforma también consiste en la descentralización de la gestión de combustibles y la contractualización de la energía. Esto implica correr a CAMMESA de su rol de compradora de combustible y de vendedora de energía, dejando esos roles en mano de los generadores las distribuidoras, las cooperativas y los grandes usuarios.
Durante la transición, las distribuidoras y las cooperativas eléctricas tendrán una generación asignada para atender la demanda prioritaria compuesta por la demanda residencial y la comercial pero no la de los GUDIs, quienes deberán contratar su demanda en el mercado a término o comprar al precio spot. Aún así, le podría faltar al distribuidor o a la cooperativa eléctrica, energía para cubrir su demanda prioritaria. Esa diferencia, la podrán cubrir mediante contratos en el mercado a término o adquirirla en el mercado spot.
Este modelo, que luce muy racional y sólido, exige de los actores un comportamiento adecuado con las reglas de mercado, comportamiento al cual los agentes no están muy acostumbrados, ya que tantos años de regulación estatal impidieron el desarrollo de experiencia competitiva en todos los segmentos.
Los generadores trabajaban a fazón, percibiendo una remuneración por operación y mantenimiento más la provisión de combustible y seguían las órdenes de CAMMESA en lo que respecta a cuánto y cuando generar.
Los Distribuidores y las cooperativas eléctricas, tenían tarifas establecidas casi siempre por razones de política económica y eran compensados mediante la asignación de subsidios, financiamiento de planes de inversión o en su defecto mediante la generación de pasivos regulatorio que se terminaban negociando y monetizando mediante nuevos subsidios en algún momento.
Un caso particular es el del transporte en extra alta tensión, donde si bien se actualizaban las tarifas de operación y mantenimiento, no se generaban los incentivos para su expansión, con lo cual hoy tenemos un sistema de transporte sobrecargado con grandes limitaciones de capacidad de transporte y fuertemente dependiente de los elementos de control.
El desafío principal radica en asegurar la inversión necesaria de aproximadamente USD 6.000 millones en generación para cubrir nuevas demandas y reemplazar capacidad obsoleta; USD 6.600 millones en obras de transporte destinadas a mejorar el servicio y evitar interrupciones y USD 9.800 millones adicionales para modernizar y expandir el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
CONCLUSIONES FINALES
Como vemos, tenemos un sistema eléctrico desinvertido en todos sus segmentos, precios de combustibles dolarizados y a paridad de exportación, materiales para el servicio con fuerte incidencia de elementos de importación, lo cual también impacta en la necesidad de divisas y tarifas necesariamente en pesos, tanto para las residenciales como para los comercios o la industria, salvo aquellas que producen para la exportación.
La reforma del mercado eléctrico argentino constituye un paso decisivo hacia un sistema más eficiente, competitivo y previsible. Su éxito dependerá de la coherencia macroeconómica, del respeto a las reglas de mercado y de la responsabilidad de todos los actores involucrados.
Una política energética moderna, sustentada en principios de eficiencia, transparencia y libre competencia, es condición indispensable para garantizar el crecimiento sostenido del país.
